domingo, 18 de diciembre de 2011

RICARDO PICHARDO, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ACTÚA A CONTRAPELO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA


Ricardo Pichardo, un gobernador que falta a su deber

Por Alci de la Rosa

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESTABLECE QUE LAS AUTORIDADES ELEGIDAS POR EL PUEBLO EN FORMA LIBÉRRIMA ESTÁN EN EL DEBER DE  DE APLICAR SU MANDATO Y LAS LEYES QUE DE ELLA SE DERIVAN EN TODA ACCIÓN QUE ATENTE CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA O MORAL DEL CIUDADANO.

El poder es realmente del pueblo y  es quien lo aplica a través de sus representantes sean estos mandatarios, legisladores o jueces y sus auxiliares. Y cada funcionario tiene que tener bien presente que primero es un servidor público, que esa es su cardinal función, y que esta condición está definitivamente por encima de que cualquier otro interés y mucho menos personal.

Parece que el gobernador de la Provincia María Trinidad Sánchez, el orondo Ricardo Pichardo, no tiene plena conciencia de cual es su deber como representante del Poder Ejecutivo en esa demarcación cuando impidió,  señores, impidió con el uso abusivo de la fuerza pública que se incautaran cientos, repito, cientos de productos vencidos del supermercado Amparito propiedad del señor José A. Duarte, operación que ejecutaban empleados del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-consumidor).

Según comprobaron los técnicos no solo se exhibe allí artículos vencidos como lo indican sus fechas sino que alimentos en descomposición se ofrecen al público a riesgo de que cualquier habitante de la ciudad de Nagua  pueda contraer una seria enfermedad  a causa de esta mala y abusiva práctica, según publica El Nacional en su emisión de esta fecha,

¿Tendrá el gobernador Pichardo acciones en ese supermercado? ¿Qué se hará con los artículos y alimentos en descomposición que él impidió que se incautaran? ¿Se les cambiará la etiqueta para  "rehabilitarlos" y luego venderlos "legalmente"?

Las anteriores interrogantes no podemos contestarlas, pero de lo que sí estamos conscientes es que vender productos vencidos y en malas condiciones sanitarias  es una vulgar estafa al pueblo y una violación olímpica a las leyes y la ética moral.

De lo que sí estamos seguros es que el "gobernador" de la Provincia María Trinidad Sánchez es un indigno representante del Poder Ejecutivo y que antepone cualquier interés espúreo a contrapelo de la  Constitución de la República que le ordena proteger al ciudadano contra todo atentado a su integridad física y moral.

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