Los representantes del gobierno dominicano y la delegación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se reunieron ayer a puertas cerradas en el Palacio Nacional, para tratar los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional y el Plan de Regularización de Extranjeros.
El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, informó ayer que el Gobierno dominicano someterá en los próximos días un proyecto de ley de naturalización especial para aquellas personas que nacieron y que demuestren arraigo en la República Dominicana.
Sostuvo que con esta medida, comunicada en el marco de una reunión sostenida ayer con una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humano (CIDH), se busca actualizar el país en materia migratoria y de nacionalidad para garantizar la seguridad jurídica de las personas y establecer reglas claras, coherentes y predecibles.
En el encuentro de la mañana de ayer, la delegación conoció los detalles sobre el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular en el país, cuyo establecimiento fue discutido durante un año y su versión final fue sometida a consulta, con el fin de obtener un mejor y justo reglamento, informó el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.
Plan de Regulación
El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros fue establecido por el presidente Danilo Medina, el pasado viernes 29, mediante el Decreto 327-13 y el mismo crea los criterios que servirán para establecer el tiempo de radicación, el arraigo con la sociedad y las condiciones laborales y socioeconómicas de los extranjeros en territorio dominicano.
Esta visita al país de la CIDH, que durará hasta el día 6 de este mes, se realiza atendiendo a una solicitud efectuada por la CIDH, vía cancillería, mediante comunicación de fecha 26 de septiembre de este año, obteniendo de manera oficial la anuencia del gobierno dominicano para la misma, el 26 de octubre de este mismo año.
En fecha 30 de octubre de este año, cuatro días después del país aprobar la visita de la CIDH, una delegación de alto nivel del gobierno dominicano viajó a Washington, donde se reunió, entre otras autoridades, con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y participó además en la reunión de la Asamblea General de la OEA, ese mismo día.
Los participantes
En la reunión realizada en el Salón Hermanas Mirabal, del Palacio Nacional, participaron por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, José de Jesús Orozco, comisionado presidente; Tracy Robinson, comisionada primera vicepresidenta; Rosa María Ortiz, comisionada segunda vicepresidenta y relatora para República Dominicana, y Felipe González, comisionado.
Además, Dinah Shelton, comisionada; Rose Marie Belle-Antoine, comisionada; Emilio Álvarez Icaza L., secretario ejecutivo; Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta; Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión; Imelda González, asesora de la Dirección Ejecutiva, y los especialistas, Álvaro Botero Navarro, Sofía Galván y Hilaire Sobers.
Mientras que por parte del Gobierno dominicano estuvieron presentes el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; el viceministro de Relaciones Exteriores, en funciones de Canciller, José Manuel Trullols; el viceministro de la Presidencia, Henry Molina, y los asesores Luis Vargas y Josué Fiallo.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) está en el país conociendo los alcances de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que viven de manera irregular en República Dominicana.
ENCUENTRO A PUERTAS CERRADAS EN EL PALACIO
La misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra en el país, llegó ayer temprano al Palacio Nacional donde se reunió con una delegación de alto nivel del gobierno, encabezada por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, pero lo primero que pidieron los representantes del organismo internacional fue que ninguna de las dos partes podía ofrecer declaraciones a la prensa.
De igual manera, la misión de la CIDH pidió que a los periodistas no se les permitiera el acceso al salón Hermanas Mirabal, donde fue celebrado el encuentro, porque al final de la visitga, o sea, el próximo viernes, habrá una declaración conjunta para ofrecer detalles sobre los resultados de su visita.
El encuentro fue a puerta cerrada, y aunque se sabía que trataban el tema de la sentencia, los periodistas esperaban obtener una reacción de los integrantes de la misión, pero llegaron y se fueron por el sótano de la casa de gobierno. Tras el encuentro, el Ministro de la Presidencia dijo que el próximo viernes se dará a conocer un informe conjunto sobre los resultados de las reuniones que sostengan ambas partes. (Viviano de León/L.D.)
Vincho: Sería golpe de Estado anular sentencia
Marino Vinicio Castillo expresó su convicción de que el presidente Danilo Medina no consentiría la anulación de los poderes constitucionales del Tribunal Constitucional.
El presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) advirtió ayer que dejar sin efecto o anular la Sentencia No.168-2013 del Tribunal Constitucional por una orden de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), a través de una medida cautelar, equivaldría a un golpe de Estado que destruiría en días el sólido liderazgo del presidente Danilo Medina.
Marino Vinicio Castillo expresó su convicción firme de que el presidente Medina jamás consentiría lo que sería un golpe de Estado que implicaría la anulación de los poderes constitucionales del Tribunal Constitucional.
El jurista habló en esos términos al ser cuestionado en el programa Hoy Mismo sobre la versión de que el presidente Medina estaría siendo asesorado por funcionarios de su entorno, para dejar sin efecto la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional a través de una medida cautelar que solicitaría en los próximos días la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte que tiene su sede en Costa Rica.
Acta de Adhesión
Vincho Castillo, quien también es director general de Ética e Integridad Gubernamental y Asesor Antidroga del Poder Ejecutivo, expresó que el Congreso Nacional no ratificó el Acta de Adhesión que le concede competencia a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por lo cual las decisiones de ésta no tienen decisiones vinculantes sobre la República Dominicana.
Vincho Castillo, quien también es director general de Ética e Integridad Gubernamental y Asesor Antidroga del Poder Ejecutivo, expresó que el Congreso Nacional no ratificó el Acta de Adhesión que le concede competencia a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por lo cual las decisiones de ésta no tienen decisiones vinculantes sobre la República Dominicana.
Castillo aconsejó al presidente Medina mantener firmeza en la defensa de la soberanía dominicana y desoir consejos de sectores vinculados a la sociedad civil, finan- ciada desde el exterior, que no lo apoyaron en su triunfo electoral del año 2012 y que, por el contrario, enfrentaron a su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a las fuerzas aliadas.
Una misión de la CIDH se encuentra en el país. (L.D.)
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