TRUJILLO, OFICIALMENTE, NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN CRIMEN

POR JOSÉ RAFAEL SOSA

Foto: Museo Memorial de la Resistencia/7.dias.com.do

República Dominicana, a medio siglo  de transcurrido del ajusticiamiento, no tiene todavía y para verguenza colectiva, una versión oficial, que establezca la responsabilidad del dictador Rafael Leonidas Trujillo en  los crímenes,  torturas, exilio, cárcel, explotación de las riquezas nacionales y la apropiación de los recursos de la industria.

50 años no han sido suficientes para que el país, al tono de Informe de la Verdad, o Comisión de la Verdad, pueda tener sistematizada, organizada y veraz información sobre los crímenes del Trujillismo, al parecer  producto de la falta de voluntad política, la falta de interés, la complicidad o la ausencia de una motivación oportuna acompañada de una presión social y mediática  que de cómo resultado la verdad sobre la violación de los derechos humanos  por parte de la  dictadura.

El marinero Mesón, torturado con mayor crudeza en La 40, por haber sido desertor de La Marina.

A la luz de la inexistencia de ese informe, que sirva para  fijar una postura ya sea para procesar a quienes resulten responsables o sus representantes, o para  establecerles públicamente la sanción social a que se hacen merecedores,  Rafael Leonidas Trujillo, hasta este momento,  no es responsable de ninguna de lasactitudes criminales o delincuenciales de él o de los que actuaron por sus órdenes. 

Tienen toda la razón tanto la Federación de Fundaciones Patrióticas como el MuseoMemorial de la Resistencia al solicitar al Presidente Danilo Medina y a la Procuraduría General de la República, la formación de una Comisión de la Verdad que elabore ese informe necesario y que debe ser la base para el República Dominicana pueda drenar de forma adecuada, este tema pendiente, sea por la vía judicial,  (juicios) o  por la vía  mediática.

Se impone lograr una versión oficial responsable,  a partir de una  Comisión de la Verdad, establecida y financiada en sus actividades por el Estado  con entera libertad para esclarecer cada uno de los crímenes, abusos, torturas, exilios, despojos de propiedades y que el mismo genere consecuencias judiciales y políticas a sus responsables o sus representantes. 

Es el tiempo, en el plano de las responsabilidades de la dictadura, de hacer lo que nunca se ha hecho, tal y como si se ha realizado en Argentina, Chile y otras naciones afectadas por períodos dictatoriales. Hay que ver en el banquillo de los acusados a los responsables vivos. Hay que consignar las culpas de los esbirros y torturadores, incluyendo a quienes hoy no viven.

El alma del país debe drenar esa pústula pendiente no expulsada. Porque se trata de eso. De una pus que nos seguirá corrompiendo el alma, mientras no sea sacada como catarsis colectiva con un establecimiento de responsabilidades y culpables.


Video testimonial del Archivo General de la Nación sobre 
Vejaciones, abusos y asesinatos de Trujillo.

No es que no se haya escrito sobre Trujillo. Al contrario, el tema es probablemente el más mercadeable e históricamente  de todos los tópicos históricos dominicanos. Trujillo, como tema, vende y vende mucho. Hay escritores que han hecho fortuna escribiendo sobre Trujillo.

De hecho, los autores que con mayor insistencia han producido libros, han obtenido la mejor parte del pastel de beneficios, incluyendo a algunos que no culpan a Trujillo directamente sino que describen morbosamente los crímenes dejando en nebulosa la responsabilidad de esos hechos y obteniendo muchos beneficios por el accionar en los puntos de venta.

La misma materia pendiente se balancea de un lado a otro respecto de los crímenes cometidos bajo la presidencia de Joaquín Balaguer, particularmente en su primer período, los sangrientos 12 años: 1966-1978.  Ambos períodos son un desafío a la memoria colectiva.

Muchos libros se han escrito sobre Trujillo y su dictadura, pero no pasan de ser testimonios o investigaciones personales o institucionales, -incluyendo las basuras bibliográficas de  María de los Ángeles Trujillo (Angelita), intentando deformar la historia real de la dictadura de su padre, glorificar su memoria y recanalizar hacia gente noble y sufrida, la responsabilidad de los peores crímenes.

Su ensayo, redactado  por un escritor dominicano contratado para esos fines y cuyo nombre conocemos,   debió  ser objeto de una demanda judicial para procesarlos, con arreglo a la jurisprudencia internacional, por falsear la verdad,  y por escamotear la  responsabilidad de su padre para culpar   gente inocente y  que combatió  la dictadura de su padre.

Vale destacar, entre lo mejor que se ha escrito sobre la muerte de Trujillo, la cronología minuto a minuto del 30 de mayo de 1961, de Juan Daniel Balcácer(Trujillo, el tiranicidio de 1961).

Constituye una verdadera vergüenza mediática, el esfuerzo que persigue escamotear la responsabilidad directa en la muerte de las y Hermanas Mirabal, que corresponde a una orden directa del dictador, para culpar a quienes lo combatieron. Es la infamia al más alto nivel. 

Ese objetivo  se promueve desde la página de la Fundación Rafael  Leonidas Trujillo utilizando versiones personales,  incidentales y sin autoridad histórica alguna en una de las operaciones de desviacion de una culpa innegablemente trujillista.

Si  se ha divulgado  el carácter criminal de la dictadura se debe a una labor no oficial de escritores y cineastas, que han estudiado ese período sangriento, lo ha expuesto en base a  los resultados de sus investigaciones y en ese sentido vale mencionar el trabajo audiovisual de René Fortunato con su saga El Poder del Jefe, gracias a cuyos productos, se ha creado una cultura de información sobre lo que fue el trujillato.

Como se puede ver en este blog hay mucha información sobre el exterminio trujillista gerenciada individualmente o por parte de organismos privados.

Promover o informar

La vigencia de la Ley 5880, del 3 de mayo de 1962, que ha sido revalidada por la Procuraduría General de la República, está dirigida a enfrentar la promoción de las ideas de la dictadura, tal y como ocurre con leyes similares en Alemania contra el Fascismo Nazi y en Argentina, contra el gorilismo del generalato de los Videla y los Galieri.

La diferencia con los Nazis y los milicos argentinos y los responsables de los crímenes de Trujillo, es que aquellos han sido objeto de informes oficiales que los han responsabilizado y han sido juzgados y sentenciados por sus hechos. Aquí, no ha pasado nada, oficialmente hablando y esos crímenes siguen en las galerías de la impunidad que desafía el respeto por las víctimas. 

La Ley 5880, del 3 de mayo de 1962, establece en su artículo 1 que “Toda persona que alabe o exalte a los Trujillo o su régimen tiránico, en alta voz, o por medio de gritos, discursos escritos públicos o emblemas se considerará y juzgará como autor de delito contra la paz y la seguridad públicas y será castigada con prisión de diez días a un año o multa de diez a quinientos pesos oro o con ambas penas a la vez”. 

Esta ley fue dada por el  Consejo de Estado, lo presidía Rafael F. Bonnelly,  e integrado por los vicepresidentes Nicolás Pichardo y Donald Reid Cabral, y los miembros monseñor Eliseo Pérez Sánchez, Antonio Imbert Barrera, Luis Amiama Tió y José Fernández Caminero.

No es igual opinar e informar, que "promover"

No se debe confundir la reglamentación dirigida a impedir la promoción del trujillismo, con el derecho legítimo de las y los ciudadanos, de las y los periodistas a informar, investigar, interpretar  u opinar  sobre el Trujillismo, porque podría estarse gestando la violación de derechos legítimos, constitucionalmente establecidos y, en este sentido, es válida la postura del Colegio Dominicano de Periodistas y los medios y articulistas que han alertado sobre la concepción absolutista de la reglamentación legal.

Resulta curiosa la alegación que hacen los parientes del dictador Trujillo, alegando que la revalidación de la Ley 5880, afecta sus derechos constitucionales, cuando la dictadura nunca garantizó ese derecho a sus víctimas.  Hay una sensación contraproducente al leer notas como ésta.

Tras la actividad, aparentemente legal y acogida al derecho constitucional de libertad de expresión,  de la Fundación Rafael Leonidas Trujillo lo que se pretende es reivindicar “la obra ejemplar de gobierno” del dictador   y por esa vía, lograr que la conciencia y la actitud social sobre Trujillo se transforme hacia la tolerancia, la aceptación y la validación de aquel régimen de oprobio. 

Lo que no se nos ha ocurrido es que ninguno de los torturadores y asesinos de Trujillo, salga a describir sus horrores, como ha ocurrido, por ejemplo en Chile:

Esa es la parte que no nos muestras los inocentes reclamos de derechos constitucionales publicados por  medios escritos. 

Justo por estas razones, el Museo de la Resistencia colecta firmas para pedir al presidente Medina que constituya y de poderes a una Comisión de la Verdad, documento que debe ser firmado por toda persona con conciencia y responsabilidad de lo que debe ser su papel frente a este período de oprobio.

Luisa de Peña, directora del Museo Memorial de la Resistencia 

“El derecho a la dignidad y a la información fidedigna es reconocido internacionalmente como un derecho fundamental”, Luisa De Peña, directora del Museo Memorial de la Resistenciua

Sobre los libros

Prohibir libros, por muy equivocados o mal intencionados que estén sus autores, como  ocurre con Trujillo, Mi Padre de  Angelita Trujillo, y su despropósito editorial  no puede ser política de Estado, a riesgo de convertirnos en lo que queremos combatir. 

El libro de Angelita no se le  ha respondido con la contundencia institucional que se requiere. La culpa no puede ser derivada a los libreros o a quienes lo leen. La responsabilidad de es ella y del historiador dominicano que finalmente redactó ese libro. 

El camino no es la prohibición pura y simple de que libros circulen. O rechazarlos porque quien los firma es apellido Trujillo, como el caso de la novela de Aída Trujillo Ricard, quien  al tiempo de recordarlo como abuelo, reniega de su dictadura y le censura  la masacre y abusos contra el pueblo dominicano, haciendo un ejercicio de dualidad emocional difícil de alcanzar por el esfuerzo personal que implica.